La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) ha expresado este jueves su rechazo al nuevo impuesto al transporte aéreo anunciado por el Ministerio de Hacienda. Considera que no se trata de una tasa “verde”, sino que su recaudación se dirige a “incrementar los ingresos del Estado para financiar las actividades generales”.
Fetave señala que su recaudación no servirá “a ninguna finalidad de protección al medio ambiente ni de descarbonización de la economía o del sector aéreo”, pero sí que supondrá una “pérdida de competitividad del sector turístico español” en lo referente a captar turismo del exterior “en momentos muy delicados de la actividad”, además de “restringir el turismo interno”, especialmente en las regiones insulares.
Así lo recoge Fetave en un listado de las diez razones por las que se opone al impuesto, en el que también destaca que supondrá una carga fiscal “sobre las capas medias de la sociedad” y que gravará un sector “que realiza su actividad sin coste para el Estado, dado que financia su actividad sin aportaciones presupuestarias”.
También considera que la recaudación del impuesto “puede” que no compense las pérdidas por ingresos por IVA, IRPF y Sociedades derivadas del “efecto económico negativo de la imposición sobre los billetes aéreos”, lo que podría dañar la actividad económica y del empleo.
Una economía menos competitiva
Otra de las razones que aporta es que “aumentará el carácter periférico de los territorios peninsulares” y a España dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, hará “menos competitiva al conjunto de la economía española y su atractivo de localización empresarial”. Asimismo, considera que existen “medidas más efectivas” para la descarbonización que no implican nuevas cargas fiscales.
En último lugar, señala que en el momento actual, “con las enormes incógnitas abiertas por el efecto del coronavirus sobre la actividad económica”, la iniciativa es “cualquier otra cosa menos oportuna”.
Por ello, pide al Gobierno que desestime la propuesta y la sustituya por otras acciones fiscales menos “dañinas para la actividad económica”.
